En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se suma al compromiso del Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI) para promover acciones de prevención y erradicación de esta problemática.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF coinciden en que el trabajo infantil comprende aquellas actividades que privan a niños, niñas y adolescentes de su infancia, su potencial y su dignidad, comprometiendo su desarrollo físico, mental, social y educativo. Se trata de tareas realizadas a una edad inadecuada o en condiciones peligrosas que vulneran derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la educación, al juego, al descanso y a una vida saludable.
Si bien muchos niños y niñas participan en actividades familiares o comunitarias que no resultan perjudiciales para su desarrollo, el trabajo infantil se configura cuando esas tareas interfieren con su escolarización, afectan su bienestar o los exponen a riesgos. A nivel mundial, se estima que alrededor de 160 millones de niños y niñas se encuentran en situación de trabajo infantil, una realidad que exige respuestas coordinadas y sostenidas.
En Uruguay se han registrado avances significativos en la materia; sin embargo, persisten desafíos que requieren atención permanente. Las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas han dado lugar a nuevas modalidades de trabajo infantil, muchas veces invisibilizadas, incluyendo situaciones vinculadas a entornos digitales y plataformas donde niñas, niños y adolescentes pueden quedar expuestos a distintas formas de explotación o sobreexigencia.
También preocupa la naturalización de las tareas de cuidado que recaen sobre niñas y adolescentes dentro de los hogares, limitando sus oportunidades de estudio, descanso, recreación y desarrollo integral, así como las situaciones de trabajo familiar, especialmente en el ámbito rural, y las peores formas de trabajo infantil, como la explotación sexual, las actividades ilícitas o los trabajos peligrosos.
En este contexto, la educación desempeña un papel esencial como herramienta de protección y garantía de derechos. La permanencia en el sistema educativo, junto con la detección temprana de situaciones de vulneración y el trabajo articulado entre las instituciones, las familias y la comunidad, constituye un factor clave para prevenir el trabajo infantil y asegurar trayectorias educativas plenas.
Asimismo, resulta fundamental fortalecer las políticas públicas de prevención, detección, protección y reparación, promoviendo la investigación continua, la generación de evidencia y la coordinación entre el Estado, las organizaciones sociales, los sindicatos, el sistema de salud, la comunidad educativa y el sector productivo.
Prevenir y erradicar el trabajo infantil es una responsabilidad colectiva y un compromiso con el presente y el futuro de las niñas, niños y adolescentes. Garantizar su derecho a aprender, jugar y desarrollarse en entornos seguros es también una condición indispensable para construir una sociedad más justa, inclusiva y con igualdad de oportunidades.
